Magistrada Rocío Araújo Oñate se declaró impedida para conocer demanda contra elección del Fiscal

La Sala Plena del Consejo de Estado aceptó el impedimento presentado por la magistrada Rocío Araújo Oñate para intervenir en la demanda de nulidad presentada contra la elección de Néstor Humberto Martínez Neira, como Fiscal General de la Nación.

La magistrada manifestó que existe un “interés indirecto en las resultas del proceso” puesto que su hermana ocupa un empleo en provisionalidad en la Fiscalía General, hecho que “afecta su imparcialidad” en esta decisión.

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“La estabilidad laboral de mi hermana depende de la voluntad del señor Fiscal General, cuyo acto de designación ahora se somete a nuestra consideración”,  por lo que pidió ser apartada del debate. 

En el debate jurídico la Sección Quinta avaló los argumentos expuestos, puesto que “se evidencia que el ánimo de juzgado de la Consejera Araújo Oñate, según su propia manifestación, se encuentra afectado en su objetividad e imparcialidad, propias al ejercicio de la función judicial”.

Debido a esto, se aceptó el impedimento para participar en el proceso de nulidad electoral y se dispondrá a asignar a otro magistrado para que conforme la Sala en la cual se estudia el recurso de súplica presentado en contra de la decisión de rechazar por extemporánea la acción. 

Un grupo de abogados y organizaciones jurídicas presentaron una demanda de nulidad en contra del acto por medio del cual Néstor Humberto Martínez Neira fue elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia como Fiscal General de la Nación, para el periodo 2016 – 2020.

En la acción judicial se manifiesta que siendo abogado del Grupo Aval, Martínez Neira tuvo conocimiento directo de las irregularidades que se estaban presentando en el contrato de la Ruta del Sol II que adelantaban en consorcio una empresa de ese grupo y la multinacional brasileña Odebrecht.

Resaltan que cuando fue designado como jefe del ente investigador omitió la información que le entregó en su momento el controller de la obra, el ingeniero Eduardo Pizano frente al presunto pago de sobornos y la creación de empresas fachada para ejecutar el millonario contrato de infraestructura.