Militares sometidos a la JEP fueron beneficiados con libertad, en un 95%

El jefe del departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, general Javier Ayala Amaya, informó que el 95 % de los militares que se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)  tienen el beneficio de libertad condicionada.

"Hemos dado a conocer que el 95 % de los miembros que se encontraban en nuestras cárceles militares, se encuentran hoy en libertad condicionada, transitoria y anticipada", sostuvo el alto oficial.

Agregó que "solo nos queda el 5 % en nuestras cárceles militares, y ellos están bajo beneficios; muchos están trabajando dentro de la Jurisdicción, como lo estipula la ley".

Lea además:  Hallan 21 menores en un motel de Cali consumiendo licor

Según explicó el general Ayala Amaya, el 95 % de los uniformados que están sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz gozan de beneficios jurídicos, es decir 2.045, de ellos 1.139 tienen libertad transitoria, condicionada y anticipada.

Mientras que a 381 se les concedió libertad en la justicia ordinaria, y a 278 se les revocó las medidas de aseguramiento.

También señaló que el 5 % de los militares que están involucrados en hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), siguen recluidos en unidades militares y este porcentaje representa 247 uniformados.

Entre tanto, pendientes de colaborar con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, permanecen 63 militares, que significa el 3 % de estos efectivos.

Mientras que 33 uniformados, es decir el 2 %, esperan que se defina si se les otorgará o no el beneficio de la libertad.

Lea también:  Wilman Muñoz enfrentaría inhabilitad por corrupción en la Universidad Distrital

El general Ayala Amaya se pronunció sobre este tema en el marco del Seminario de actualización en Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dirigido a miembros de las Fuerzas Militares activos y de la reserva activa.

Otro de los temas que han sido abordados durante la jornada es el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas; así mismo, en la agenda está un tratamiento simétrico, equitativo y diferenciado para miembros de la fuerza pública; la metodología, construcción y alcance del Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre otros.