Ordenan proteger cementerios en Caldas donde habría víctimas de desaparición forzada

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, emitió una medida cautelar en la que prohibió las exhumaciones y las inhumaciones en 45 puntos de interés forense, en cinco cementerios de Caldas, donde al parecer podrían encontrarse los cuerpos de cientos de víctimas de desaparición forzada. 

En desarrollo de las investigaciones la JEP encontró una indebida administración de los cementerios Nuestra Señora del Carmen en Norcasia, San Agustín y San Diego en Samaná y San Maximiliano María Kolbe y Pradera en Victoria. 

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De acuerdo con los magistrados, esta situación ha permitido la realización de desenterramientos sin orden judicial,  a pesar de conocerse la existencia de cuerpos de personas sin identificar. 

“El abandono y negligencia institucional ha incidido en que el rastro de muchos desaparecidos haya desaparecido de nuevo, constituyendo actos de revictimización y una negación de las garantías de no repetición para los familiares de las víctimas”, advierten los magistrados de la JEP.

Entre las medidas adoptadas, se ordenó a los alcaldes de tres municipios construir una base de datos con las muestras de ADN de los familiares de las víctimas en primer grado de consanguinidad.

Asimismo, se dispuso que esta labor se llevará a cabo en coordinación con la JEP, Medicina Legal, la Fiscalía General y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Según las evidencias recolectadas,  el Magdalena medio caldense es la región más afectada del departamento por el fenómeno de la desaparición forzada. 

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“Hay por lo menos 1.028 casos reportados en La Dorada, 119 en Norcasia, 551 en Samaná y 129 en Victoria, según el Registro Único de Víctimas”, indicó la JEP.

Informes recopilados evidencian que durante el desarrollo del conflicto las Farc atacaban a los pobladores de Berlín, San Miguel y Norcasia acusados de auxiliar a los paramilitares.

“En Samaná, por ejemplo, en los años 90 el Frente 47 era la única organización al margen de la ley que operaba en la región”, señaló la JEP.

En atención a que la JEP obtuvo información sobre la existencia de fosas en diversas zonas de estos municipios, los investigadores avanzan en la ubicación de otros lugares que la Fiscalía no ha intervenido para verificar su estado y nivel de riesgo. 

Para ese fin, los magistrados de la JEP llevarán a cabo un proceso de cartografía participativa.