Otros dos empresarios irán a imputación de cargos por escándalo de Centros Poblados

En una segunda fase de las investigaciones penales, la Fiscalía General de la Nación determinó solicitar nuevas audiencias para imputación de cargos contra los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres vinculados con las compañías que integraron la Unión Temporal Centros Poblados, protagonista del escándalo de contratación con el Ministerio de las TIC.

El objeto del polémico contrato era garantizar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales en diferentes regiones del país.

Así mismo, la Fiscalía General imputará nuevos delitos a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia Aldana.

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La decisión fue adoptada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción quien radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao solicitud solicitud de audiencia de imputación contra estas cinco personas, que estarían involucradas en la apropiación ilícita de parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo del citado contrato.

Este grupo de investigados deberán responder, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por delitos como peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

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Por disposición del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, estas diligencias de imputación fueron programadas para el próximo 23 de febrero de 2022.

La Fiscalía también ultima los detalles para suscribir acuerdos de negociación con algunos de los judicializados en este proceso.

“La Fiscalía está por supuesto tratando de sellar preacuerdos, con el propósito de recuperar la totalidad de los recursos que generaron una circunstancia de escándalo por parte de la opinión nacional, es decir, los 70 mil millones de pesos ”, así manifestó en su momento el fiscal general, Francisco Barbosa.

El Fiscal manifestó que las labores judiciales de recuperación del millonario anticipo, están siendo apoyadas por la Contraloría General, a través de otras diligencias simultáneas.