Piden a la Corte Constitucional suspender permisos ambientales para fumigación con glifosato

Con un plantón en las instalaciones de la Corte Constitucional en el centro de Bogotá, algunos representantes de comunidades étnicas, campesinas, indígenas y organizaciones sociales pidieron suspender los permisos ambientales para el eventual retorno de las fumigaciones con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.

A través de un escrito firmado por 39 organizaciones y 18 mil ciudadanos dicen que es necesario suspender de manera provisional: “las decisiones gubernamentales que aprobaron el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato -Pecig”. 

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Ellos aseguran que el Gobierno no ha cumplido a cabalidad con el punto sobre participación efectiva de las comunidades que eventualmente se verían afectadas con las aspersiones.

“Sigue sin resolverse la violación a los derechos a la información, participación y consulta desde la etapa previa de elaboración y construcción del Plan de Manejo (…) Sigue sin resolverse el cuestionamiento en cuanto a que la Audiencia Pública Virtual Ambiental realizada por la ANLA en el mes de diciembre de 2020, fue un escenario de mera socialización que no contó con las condiciones para la participación de las comunidades”, dicen en el documento.

Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que apoya a las comunidades, dijo que el Gobierno: “no está cumpliendo con los requerimientos que la misma Corte fijó en sus sentencias pasadas, respecto a las condiciones para retornar al herbicida".

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“Estamos exigiendo al Gobierno que pare esta guerra química y la propuesta de muerte para el país, exigimos que la Corte Constitucional pueda definitivamente dar un punto de cierre y no se siga vulnerando el derecho a la participación de estas comunidades”, señaló la abogada.

La Corte estudia tres tutelas contra el Gobierno por supuestamente violar los derechos a la participación, a la consulta previa y al debido proceso de las comunidades que eventualmente se verían afectadas con las aspersiones aéreas.