Proceso interno contra procurador delegado que tomó determinaciones sin tener competencia

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, ordenó un  proceso interno contra el procurador delegado Alejandro Pérez, quien ordenó investigaciones a seis funcionarios del Gobierno por presunto hostigamiento en redes. 

De acuerdo con esa entidad, el funcionario habría tomado esta y otras 17 determinaciones sin tener competencia para hacerlo.

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“La Procuradora General, Margarita Cabello ordenó de inmediato, con precisas instrucciones a la titular del cargo, que estudiara todas las actuaciones de aquél a fin de verificar su validez o eficacia y tomar cualquier otra medida que considere pertinente”, destaca uno de los apartes de un comunicado emitido por parte de la Procuraduría. 

Fuentes de la Procuraduría señalaron que la decisión que tomó Alejandro Pérez contra los seis funcionarios del Gobierno, se emitió el mismo día que Cabello posesionó en propiedad a la procuradora Sonia Téllez como delegada para la Vigilancia Administrativa, quien es la real encargada de tomar ese tipo de decisiones.

La Procuraduría indicó que existe el acta de posesión 0062 con fecha del 19 de enero en la que se advierte que Pérez había tomado posesión como encargado, mientras llegaba un titular a la oficina de Vigilancia Administrativa.

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Desde esa entidad aseguran que debido a que esa acta no fue firmada por la procuradora Margarita Cabello, no tiene validez. 

“La doctora Margarita Cabello Blanco procedió a tomar el juramento de ley al posesionado, a través de la plataforma Microsoft Teams – Office, bajo gravedad de juramento, quien prometió cumplir bien y fielmente los deberes que el cargo le impone”, destaca otro de los apartes del documento que no fue firmado por la procuradora general.

A este escándalo se suma la reciente renuncia de Analorena Habib Cañizales quien fue posesionada por Margarita Cabello como secretaria general, pero un día después tuvo que pedirle el puesto por tener investigaciones disciplinarias activas en su contra.

Las investigaciones contra Habib Cañizales se relacionan con presuntas irregularidades contractuales por más de $16.000 millones en la Aeronáutica Civil.