Proceso por 'cartel de la toga' tendrá como víctima a la Rama Judicial

La FM conoció que la Rama Judicial se acreditó como víctima en el proceso que se adelanta por el escándalo del ‘cartel de la toga’, en el que las autoridades investigan la entrega de fuertes sumas de dinero para modificar fallos judiciales, al parecer, en las altas cortes.

La Rama Judicial pretende con esa figura de víctima, velar para que se garantice la verdad y que los funcionarios que resulten condenados por decisiones judiciales, reintegren la totalidad del objeto del incremento patrimonial por acciones ilícitas.

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Además, la Rama Judicial recientemente se acreditó como víctima en lo que sería el ‘cartel de la toga 2.0’, en el cual la Fiscalía imputó cargos en contra del magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, a quien señalo de traficar procesos judiciales para beneficiar los intereses de particulares.

El abogado Francisco Bernate, quien representa los intereses de la Rama Judicial, indicó en diálogo con La FM que el objetivo es lograr llegar hasta el fondo de los casos de corrupción en los cuáles estarían involucrados funcionarios judiciales para que se sepa toda la verdad.

“La pretensión en este caso en particular, es que se sepa toda la verdad y que las personas involucradas en la actuación penal desean obtener una ventaja, un descuento, una rebaja en la pena, deban reintegran aquello que fue objeto de incremento patrimonial”, sostuvo Bernate.

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Y añadió que “ya que en algunos casos la Rama Judicial ha recibido indemnizaciones por esta vía, la principal pretensión es conocer la verdad y que se haga justicia en casos tan graves como estos”.

En contra del funcionario se solicitó, por parte de la Fiscalía, que sea enviado a prisión por medio de una medida de aseguramiento.

Hace varios días, en la continuación de las audiencias que se llevan a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá en contra de Vargas Bautista, se conoció un nuevo capítulo en medio de ese proceso de corrupción judicial.

En ese sentido, la Fiscalía puso de presente varias pruebas, entre las que es encuentra una interceptación telefónica en la que se menciona que se debía pagar 3.000 millones de pesos para que la decisión en segunda instancia saliera acorde a las decisiones de particulares y en contra del Distrito, en el caso del humedal Jaboque.

El fiscal del caso explicó que en la llamada aparecen dos personas, una de ellas Jorge Cortés, quien se hacía pasar en la conversación como falso propietario del humedal Jaboque y el segundo en la escena es Fernando Trevilcock, abogado que menciona que la decisión de segunda instancia en el Consejo sobre el humedal no había salido, al argumentar que pedían 3.000 millones de pesos.

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“No se limitaba a lo que se pudiera hacer por parte del trámite procesal y las decisiones de los procesos del magistrado Vargas, sino que prometían o vendían unos resultados y hay elementos desde los cuales se puede inferir que, incluso, se buscaba que, en las instancias superiores, en este caso en el Consejo de Estado, se adoptaran las decisiones que convenían a las personas que le les vendían los servicios”, sostuvo el fiscal del caso.

La Fiscalía señala que de la conducta ilegal del magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, se advierte que habría una una organización criminal de funcionarios judiciales, para manipular procesos que cursaban en esa entidad desde 2012.