Procurador Carrillo aseguró no estar impedido para investigar caso Odebrecht
El jefe del Ministerio Público aseguró que desde la Procuraduría “se han pisado muchos callos” contra la firma brasileña.
El procurador General, Fernando Carrillo dijo que no se declarará impedido para investigar disciplinariamente a los implicados con los sobornos de la multinacional Odebrecht.
El funcionario explicó que el contrato que suscribió con la organización Luis Carlos Sarmiento Ángulo antes de ejercer como Procurador, no tuvo nada que ver con la firma brasileña.
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“Yo me desempeñé como asesor para desempeñar unas labores, unas funciones en materia de comercialización y de cooperación internacional”, dijo.
Carrillo añadió que entre sus funciones estaba conseguir cooperación internacional para dos proyectos sociales de la organización. “Uno para el hospital cancerológico y la construcción de un teatro de bellas artes (...) Jamás tuve conocimiento de hechos o contratos de corrupción relacionados con la Ruta del Sol II”, puntualizó.
El jefe del Ministerio Público aseguró que desde la Procuraduría “se han pisado muchos callos” y han iniciado acciones judiciales contra la firma brasileña.
A través de un comunicado Carrillo confirmó que en el 2016 firmó un contrato de consultoría y asesoría con la firma Adminegocios & Cía. S.C.A., para la promoción y comercialización nacional e internacional del Edén Centro Comercial, perteneciente al grupo OLCSA.
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Dicha organización es la organización Luis Carlos Sarmiento Ángulo, quien es el presidente del grupo Aval, mencionado en el escándalo de sobornos de la firma Odebrecht.
A pesar de que el Procurador aseguró que no está impedido para actuar en las investigaciones disciplinarias por el escándalo de sobornos, otros analistas señalan lo contrario.
Para el abogado Jesús Albeiro Yepes “podría haber un conflicto, donde participa una persona natural o jurídica que previamente ha sido su cliente, eso desnaturaliza la independencia y la imparcialidad”.
El penalista Jairo Herrera, explicó que “existe un principio general según el cual, todo funcionario que haya tenido que ver con vínculos contractuales con una empresa inmersa en un escándalo, queda impedido posteriormente”.
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Carrillo en su comunicado aseguró que “ninguna de las obligaciones derivadas del objeto del contrato tuvo relación directa o indirecta con las funciones jurídicas, de control o de intervención judicial que la Constitución y la ley le atribuyen al Procurador”.