Prorrogan principio de oportunidad de testigo contra Carlos Mattos

El juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá prorrogó por un año más el principio de oportunidad que se otorgó a Luis David Durán Acuña, considerado como testigo clave en el caso de corrupción judicial conocido como Hyundai. 

Durán Acuña seguirá revelando detalles acerca de las investigaciones que se adelantan en Colombia contra el empresario colombo español, Carlos Mattos, en los procesos que se encuentran en etapa de juicio por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

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El denominado testigo estrella en este caso era considerado como uno de los hombres de confianza de Carlos Mattos y, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, fue quien se encargó de contactar a los jueces y funcionarios de la Rama Judicial para ofrecerles sobornos a cambio de favorecer al empresario en la demanda contra Hyundai Motor Company de Corea del Sur.

El plan consistía en desviar el reparto de la demanda presentada por Mattos, con el fin que llegara directamente al despacho del juez sexto civil municipal de Bogotá, Reynaldo Huertas (también procesado), para que profiriera medidas cautelares, con el fin de permitirle a Hyundai de Colombia seguir comercializando los vehículos en el país.

Debido a esto, se ofrecieron y pagaron sobornos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con el fin que alteraran el servicio de reparto para que el caso fuera resuelto en el menor tiempo posible por el juez Huertas.

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Luego que el juez de Garantías prorrogara por un año más el principio de oportunidad a favor de Luis David Durán Acuña, continuará suspendido el proceso por el delito de cohecho (por dar y ofrecer sobornos).

Cabe recordar que, un juez lo condenó a 48 meses de prisión (cuatro años) y a pagar una multa de 150 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes (SMLMV). También quedó inhabilitado para ejercer su profesión de abogado, al igual que  funciones públicas por 48 meses. Entre tanto, se le suspendió la ejecución de la pena por tres años.