Sargento del Gaula ordenó cortarle un dedo a secuestrado para presionar rescate
La Fiscalía pidió enviar a la cárcel a Jorge Eliécer Serna.
La Fiscalía General de la Nación solicitó al juez 39 de control de garantías de Bogotá cobijar con medida de aseguramiento en un centro especial al sargento (r) Jorge Eliécer Serna Gómez, investigado por su presunta responsabilidad en el secuestro del comerciante Estiven Bernal, el pasado 20 de julio.
Para el ente investigador, existe un riesgo de obstrucción a la justicia y un riesgo para la sociedad, situación por la cual el sargento que estuvo adscrito al Gaula del Ejército Nacional debe estar privado de su libertad mientras se adelanta el proceso penal.
En su extensa intervención, citó la declaración de un particular que participó en el plan para secuestrar al comerciante de 20 años de edad y quien señaló directamente al sargento de promover “un secuestro”. Situación por la cual le preguntó a varios de sus conocidos si sabían “de una persona” para realizar la retención y exigir el cobro de una suma de dinero para su liberación.
Un soldado aseguró que conocía a una familia en Soacha (Cundinamarca) que tenía varios negocios y sabía que podía pagar el rescate. Fue así como a principios de julio de 2019 se puso en marcha un plan para seguir al joven Estiven Bernal con el fin de ubicar sus rutas cotidianas de su casa al supermercado que administraba.
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“Fue el encargado de coordinar la vigilancia de la víctima, vehículos, armamento, gorras y chalecos de identificación CTI y Gaula militar para ejecutar el acto delictivo”, citó la Fiscalía General al citar la declaración del primer capturado por estos hechos.
El 20 de julio, el joven fue retenido por tres hombres señalando que tenía un requerimiento de las autoridades de Norte de Santander dentro de una investigación judicial. Posteriormente, fue amarrado y trasladado a una casa en Soacha que habían arrendado 24 días antes.
Ese mismo día, desde un celular que había sido comprado por el mismo sargento Serna y modificado para que no fuera interceptado y monitoreado, se exigió a los familiares del joven una recompensa de 800 millones de pesos para la liberación. De no hacerlo –según las pruebas- les manifestó se tendrían que atener a las consecuencias.
Los secuestradores se hicieron pasar por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al día siguiente, le empezaron a tomar fotos al joven amarrado en un cuarto y con los ojos vendados.
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En repetidas llamadas le insistían a la madre del joven que pagara, de no hacerlo, asesinarían a su hijo. En un punto, el sargento Serna Gómez ordenó cortarle un dedo al secuestrado para presionar su liberación.
El hombre que estaba cuidando al joven comerciante no aceptó esta petición. En la mañana siguiente, una serie de ruidos lo despertaron, al ver por la ventana vio a muchos agentes de la Policía en el sector por lo cual decidió salir en su moto.
La Fiscalía General imputó los delitos de secuestro agravado y calificado, porte, fabricación y tenencia de armas de fuego y peculado por uso. El sargento en retiro no aceptó cargos.