Ministra de Ambiente critica a congresistas por falta de recursos

El aplazamiento de 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para este año generó críticas y preocupaciones en diversos sectores. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, arremetió contra los congresistas que ahora reclaman por la falta de recursos, pese a haber hundido la ley de financiamiento y rechazado la regla fiscal verde.   

“Un descaro que hoy los congresistas que hundieron la ley de financiamiento y rechazaron la regla fiscal verde, se quejen de falta de recursos. Decidieron tirar la llave y ahora exigen que la puerta se abra sola”, señaló Muhamad.

La funcionaria explicó que el Gobierno priorizó la inversión social para los sectores más vulnerables, lo que ha llevado al aplazamiento de varios proyectos importantes en materia de infraestructura.  

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El presupuesto aprobado para este año es de 523 billones de pesos, pero hasta el momento solo aseguraron 511 billones, lo que generó la necesidad de aplazar inversiones en varios sectores.

Entre las obras que quedaron sin financiación por ahora están el metro de Bogotá y el metro de Medellín, proyectos clave para la movilidad en ambas ciudades.  

El decreto de aplazamiento publicado por el Gobierno, busca ajustar las finanzas del Estado mientras se identifican fuentes de ingresos adicionales. Sin embargo, la falta de consenso en el Congreso sobre mecanismos de financiamiento ha complicado la ejecución del presupuesto completo.  

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Según Muhamad, la decisión de priorizar la inversión social responde a la necesidad de garantizar programas de apoyo a las poblaciones más vulnerables. “Este Gobierno prioriza la inversión social para los más vulnerables y debe aplazar obras de infraestructura”, reiteró.

A pesar de las críticas, el Gobierno defendió su estrategia fiscal argumentando que es fundamental asegurar recursos para salud, educación y programas sociales, antes de comprometer grandes inversiones en infraestructura.   

Finalmente, la ministra señaló que el debate sobre el presupuesto sigue abierto y el Gobierno deberá definir en los próximos meses si puede liberar los recursos aplazados o si serán necesarias nuevas medidas para garantizar su ejecución.

Mientras tanto, el sector de infraestructura sigue a la expectativa de posibles soluciones, para evitar retrasos en proyectos clave para el desarrollo del país.