Piden a la CIDH vigilar acciones del Esmad en manifestaciones en Colombia

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un grupo de congresistas y abogados del Colectivo José Alvear Restrepo, radicaron una petición para que se ejerza vigilancia especial sobre las protestas que se están desarrollando en Colombia.

Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, además de las abogadas Soraya Gutiérrez y Jomary Ortegón, solicitaron que se le preste atención a los agentes del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad), cuyas actuaciones han dejado algunas personas heridas, una de gravedad, como es el caso del joven Dilan Cruz, quien se encuentra en cuidados intensivos.

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“Esperamos que la Comisión Interamericana reaccione y observe detalladamente lo que está ocurriendo en Colombia para que garantice los derechos humanos a través de una comunicación con el gobierno colombiano”, señala la petición.

También entregaron detalles sobre las personas que han sido detenidas, además de los hechos de criminalización y estigmatización de las manifestaciones ciudadanas.

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“Se ha puesto en conocimiento de la CIDH los distintos pasos que dio el Gobierno para intentar impedir las movilizaciones antes del 21 de noviembre, la manera como fueron estigmatizadas las causas y los protagonistas de esta movilización", dijo Cepeda.

Agregó que se deven investigar "las medidas excepcionales que se han tomado y los allanamientos ilegales que se han producido y una vez han comenzado estas movilizaciones, los actos violentos y arbitrarios cometidos por la Fuerza Pública, como también la intención eventual del Gobierno de declarar una conmoción interior”.

Asimismo, esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga para que cese la actuación del Esmad contra las expresiones legítimas de los manifestantes y se que se garantice el derecho constitucional a la protesta social.

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Durante las movilizaciones que se han llevado a cabo en todas las ciudades del país, los colombianos le han pedido al presidente Iván Duque un giro de 180 grados en la política pública.