Vicepresidenta pide urgente regulación de la protesta social

Aunque la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que el Gobierno Nacional desistía por ahora de presentar un proyecto para reglamentar la protesta social, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez insiste en que la iniciativa sí debe ser tramitada.

Ramírez le pidió al Partido Conservador que lidere el trámite de una ley estatutaria en el Congreso que regule el derecho a manifestarse, pero de manera pacífica.

Marta Lucía Ramírez afirma que las movilizaciones estudiantiles estuvieron infiltradas por personas que no son estudiantes y que buscaban desestabilizar la institucionalidad.

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“Nosotros sabemos que la protesta es un derecho esencial en una democracia, disentir, reclamar, rechazar lo que el ciudadano considera que está mal en el Estado, pero una cosa es la protesta y otra las vías de hecho. Es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos nos está notificando que esto va a seguir”, señaló.

La vicepresidenta también advirtió que muchos de los encapuchados que participaron en las manifestaciones de la semana pasada y que protagonizaron hechos vandálicos, provienen de Venezuela.

“Buena parte de esos encapuchados tienen que de los encapuchados que nos han mandado desde Venezuela, porque esos no son los estudiantes colombianos y salen a destruir el Icetex, que es una entidad que está haciendo todo el esfuerzo por reducir al mínimo el costo de la financiación de la educación”, manifestó.

Conservadores trabajan en una reglamentación de la protesta

El Partido Conservador celebró el llamado hecho por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y afirmó que ya está trabajando en la construcción de un proyecto de ley estatutaria para regular la protesta pacífica.

El senador Juan Diego Gómez dijo que la iniciativa no buscará restringir este derecho consagrado en la Constitución Nacional.

“Se trata de garantizar el ejercicio del derecho a la libre reunión y a la protesta social, definiendo las condiciones para que la misma sea pacífica y en qué condiciones se puede alterar el pacifismo de la misma”, señaló.

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El congresista explicó que el proyecto va encaminado a que “cuando se pone en riesgo la vida, honra y bienes de los ciudadanos, se requeriría la intervención de las autoridades, causales que van a estar definidas allí”.

El proyecto de ley también creará un protocolo que regirá la actuación de la Policía y los organismos de seguridad, el cual se utilizaría cuando los derechos tanto de los manifestantes, como de los terceros que no estén participando, son violados.

Uno de los puntos claves de la norma que se pondrá a consideración del Congreso, tiene que ver con el ingreso de las autoridades a los establecimientos de educación superior, que en principio, con esta ley, estaría prohibido.