Juicio contra Nicolás Petro no será rápido ni fácil para la Fiscalía

Hoy se presenta la acusación contra Nicolás Petro, y todo parece indicar que el proceso no será ni fácil ni rápido. Será un camino lleno de obstáculos.

El 11 de enero marca el inicio del año judicial y tiene como preámbulo la acusación en el caso de Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Barranquilla. Este también es el último mes en el cargo para el fiscal Francisco Barbosa, cuyo mandato concluye el 12 de febrero. Se esfuerza por obtener un logro jurídico que algunos consideran como un trofeo político en el futuro.

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No obstante, no será fácil, y el tiempo apremia para que la Fiscalía de Barbosa declare victoria. La acusación contra Nicolás Petro en la audiencia de hoy debe superar primero la fase de saneamiento procesal, ya en curso. En esta etapa se presentan recusaciones, nulidades, controversias y polémicas jurídicas de diversa índole.

Cuando el juez segundo especializado, Hugo Carbonó, inauguró la etapa de saneamiento, la defensa de Nicolás Petro cuestionó la competencia del juzgado en Barranquilla, argumentando que el caso debía tramitarse en Bogotá. La intervención de la Corte Suprema de Justicia fue necesaria para resolver la polémica, con un reproche incluido para el juez y el fiscal, y finalmente, el caso quedó en Barranquilla.

En esta jornada conoceremos los nombres de juristas y académicos reconocidos que se han unido a la defensa de Nicolás Petro. Aseguran que cualquier ciudadano puede ser investigado, pero también sostienen que cualquier ciudadano, incluso el hijo del presidente, debe ser respetado en sus derechos. Argumentan que estamos ante un caso de "sobrecriminalización", donde la Fiscalía, al ignorar el principio de legalidad, no acusa por los delitos efectivamente cometidos, sino por delitos llamativos que generen efectos mediáticos e intimiden a los ciudadanos para que acusen y señalen a otros.

Por esta razón, el equipo jurídico, entre otros miembros a revelar hoy, ha sido reforzado por Juan Oberto Sotomayor, encargado de la defensa internacional. Ha señalado numerosas irregularidades de la Fiscalía contra Nicolás Petro, presentando una demanda ante las Naciones Unidas. Su equipo recopila pruebas para demostrar el abuso del poder punitivo de la Fiscalía de Francisco Barbosa. 

El profesor Juan Oberto, Conjuez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, junto a sus socios, ha elaborado una verdadera pieza jurídica, según algunos expertos. Hoy se conocerán otros reputados abogados que se han unido a la causa de Nicolás Petro para defender sus derechos.

Si los argumentos jurídicos de la defensa tienen impacto y tienen éxito, parte o la totalidad de la investigación podría desmoronarse, obligando a comenzar de nuevo. En caso contrario, si algunos argumentos no prosperan, el fiscal Burgos podría iniciar su intervención acusatoria.

La acusación de Burgos no está clara desde el punto de vista jurídico. No hay que olvidar que el famoso interrogatorio que realizó a Nicolás Petro durante un proceso de colaboración con la justicia no puede ser utilizado por Burgos en ningún proceso, ya que la colaboración resultó fallida y dicho interrogatorio es inexistente, como si nunca hubiera ocurrido.

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Además de este aspecto crucial, el fiscal Burgos debe acusar por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para ello, cuenta con la declaración de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, aunque el principio de oportunidad no ha sido aún avalado por un juez.

A esto se suma que los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos están interconectados, y el fiscal Burgos debe probar el origen ilícito del enriquecimiento y la presunta contraprestación de Nicolás Petro por los dineros recibidos.

En resumen, el tiempo apremia antes de la salida de Barbosa, y el fiscal Burgos debe demostrar que los fondos que, según se dice, recibió Nicolás Petro, eran de origen ilícito y que los obtuvo a cambio de favores como diputado del Atlántico, no como cualquier ciudadano. El cuadrilátero jurídico no favorece a la Fiscalía, y el ansiado nocaut de Barbosa podría convertirse en su pesadilla.

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