Duque afirma que el Estado no puede terminar pagando por hechos terroristas
Sin embargo, el Jefe de Estado se mostró respetuoso de la decisión del Consejo de Estado que condenó a la nación por el atentado al Nogal
El presidente Iván Duque, se pronunció por primera vez sobre la decisión del Consejo de Estado, que condenó a la Nación por el atentado terrorista al Club El Nogal. Dijo que el país no puede terminar pagando con sus impuestos por hechos terroristas.
El mandatario manifestó que es respetuoso de las decisiones judiciales, aclarando que no las controvierte, pero indicó se debe hacer un balance sobre los responsables de ese tipo de hechos.
“Condenar al Estado por un acto terrorista de esa envergadura es incongruente, yo creo que los colombianos lo que queremos es que el Estado no termine pagando con los impuestos los hechos terroristas de otras personas”, sostuvo Duque.
El Presidente agregó que es “respetuoso de las decisiones judiciales, pero hay que buscar un balance en la sociedad, ya que, si los que han cometido ese tipo de hechos no tienen una sanción efectiva proporcional ejemplarizante y por otro lado se condena al Estado, hay un desequilibrio”.
Esta fue la decisión del Consejo de Estado
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por no tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los visitantes al Club El Nogal de Bogotá.
El alto tribunal consideró que existió una omisión de los organismos del Estado que permitió que se ejecutara el atentado registrado el 7 de febrero de 2003.
Fuentes cercanas le confirmaron a RCN Radio, que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo estableció que no existían las condiciones de seguridad para proteger a los trabajadores ni vecinos del club.
"La Fiscalía y el DAS no dieron pronto trámite y verificación a información que se había recibido sobre la inminencia de un atentado que señalaba específicamente al Club El Nogal", precisó el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula.
En este sentido, se determinó que en ese momento se había recibido información sobre los planes de la guerrilla de las Farc.
El alto tribunal consideró que para la época de los hechos existía un estado de conmoción por la situación de orden público por el conflicto entre el Estado y los grupos armados ilegales.