Trabajadores rechazan propuesta de posponer el pago de la prima

Un profundo rechazo generó en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)  las pretensiones del Gobierno Nacional y algunos empresarios de posponer el pago de la prima de mitad de año, teniendo en cuenta la falta de liquidez de muchas empresas por la pandemia de la COVID-19.

El anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido calificado como un asalto a los derechos laborales y una violación flagrante a la Constitución y a la ley, si lo hacen mediante Decreto legislativo en medio de la emergencia sanitaria.

El presidente de la CUT, Diogenes Orjuela, señaló que si se toma esta decisión de aplazar el pago de la prima de junio, se afectarían más de seis millones de trabajadores.

“La CUT expresa el más profundo rechazo a la pretensión del ministro de Hacienda de valerse de artilugios jurídicos, para que no se pague o se aplace el pago de la prima semestral”, manifestó.

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El líder sindical afirmó que el Gobierno debe buscar los recursos necesarios para subsidiar o asumir plenamente el costo de la prima de los pequeños, medianos y microempresarios que no puedan cumplir con esa obligación.

“Esta es la responsabilidad del estado como lo están haciendo todo los países del mundo (...) el no pago de la prima es un asalto al bolsillo de los trabajadores, la prima y todos los salarios se deben pagar completamente y el estado debe asumir los sobrecostos que se han generado en esta crisis para los empleadores”, manifestó.

Dijo que esta sería una medida absolutamente contraria al interés general de los trabajadores y de la propia posibilidad de reactivación de la economía.

“La CUT propone que los dos mil millones de dólares consignados recientemente en las reservas internacionales y que son propiedad de la nación, se utilicen por parte del Estado para subsidiar el pago de la prima de junio a los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas”, dijo.

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Orjuela también señaló que el Gobierno debe asumir ese pago, para evitar que se eleven los niveles de pobreza en el país.

“Es responsabilidad del estado asumir esta obligación y establecer la renta básica reclamada por distintos sectores de la nación, que permita garantizar la subsistencia de 33 millones de colombianos que hoy la necesitan”, puntualizó.