Hong Kong dio por muerta la polémica ley de extradición

La jefa del Gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, dio hoy por "muerto" el polémico proyecto de ley de extradición y dejó entrever que el Legislativo no va a seguir con su tramitación, pero los opositores consideraron que el anuncio no cumple con sus demandas y exigieron la retirada completa del plan.

"Doy por muerto el proyecto de ley de extradición", dijo Lam este martes durante una rueda de prensa en un nuevo paso atrás en su discurso, aunque no dejó claro si dicha reforma legislativa se retira o no de forma efectiva.

Anteriormente, Lam había dejado la ley "en suspenso", dando a entender que el proyecto perecería por sí solo al término de la actual legislatura, que terminará a mediados de 2020.

Además, la líder del Ejecutivo anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la Policía durante las protestas que han sacudido la ciudad durante el último mes, con el objetivo de calmar los ánimos de los manifestantes.

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"Publicaré el resultado de este informe para que todo el mundo sepa qué ha pasado durante el último mes. La gente que ha participado, tanto manifestantes como agentes de policía, podrán aportar pruebas sobre lo que ha sucedido", dijo.

Asimismo, aseguró que establecerá una "plataforma para el diálogo" con los opositores a la ley y reconoció que los trabajos para sacar adelante la polémica normativa han sido "un completo fracaso".

La jefa del Ejecutivo hongkonés asumió "plena responsabilidad" por la crisis pero no atendió a otra de las principales demandas de los manifestantes estos días, su dimisión, y pidió "una oportunidad, el tiempo y el espacio" para devolver Hong Kong a la normalidad.

No obstante, el Frente Civil de Derechos Humanos -principal promotor de las protestas de las últimas semanas- consideró hoy que las palabras de Lam están vacías y que "no significan nada nuevo", y destacó "su rechazo a decir que retira la iniciativa".

La portavoz internacional del Frente, Bonnie Leung, pidió en una rueda de prensa ante la sede del Parlamento la creación de un comité "realmente independiente" para investigar lo ocurrido, pues "no puede llevarse a cabo una investigación con garantías bajo la supervisión del Gobierno local".

Leung recalcó que la jefa del Ejecutivo no ha cumplido ninguna de sus cinco demandas: la retirada definitiva del proyecto de ley, su dimisión, dejar de considerar las protestas como disturbios, la libertad de los detenidos y abrir una investigación sobre la "violencia" policial.

Por tanto, añadió, el frente seguirá analizando las medidas a tomar, entre las que no descartó que se produzcan nuevas protestas.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) calificó hoy de "vagas" las palabras de Lam sobre la "muerte" del controvertido proyecto de ley.

"La negativa de Lam a reconocer las consecuencias fatales del proyecto de ley continúa inflamando la situación en Hong Kong", señaló en un comunicado el director de AI en Hong Kong, Man-kei Tam, y agregó que el excesivo uso de la fuerza en la manifestación del 12 de junio es una "violación del derecho internacional".

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"Para ser justos con todos los implicados, debe haber una investigación independiente, imparcial, efectiva y rápida sobre las acciones de la Policía el 12 de junio. Cualquier otra cosa, incluida una investigación del Legislativo que no sea lo que se necesita, no ayudará a esclarecer la verdad ni a recuperar la confianza", indicó.

Entretanto, el Gobierno chino se mostró hoy impasible ante el cruce de declaraciones y se limitó a reiterar su "apoyo", "entendimiento", y "respeto" al Ejecutivo de Lam y sus decisiones.

En la rueda de prensa diaria, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, insistió en que los asuntos de Hong Kong son "de índole interno" y que "ninguna organización, fuerza extranjera o individuo tiene permitido injerir en ellos".

Las palabras de Lam se producen después de casi un mes de protestas multitudinarias en Hong Kong, con varias de ellas superando el millón de participantes -según los organizadores- y que llegaron a un punto de inflexión la semana pasada tras la ocupación por parte de un grupo de manifestantes del Legislativo hongkonés.

El proyecto de ley que planteó se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que, según organizaciones pro derechos humanos, permitiría que activistas, trabajadores de ONGs o periodistas fueran entregados al sistema judicial chino, que no ofrece suficientes garantías.