Exrepresentante Nilton Córdoba fue inhabilitado por 15 años por el escándalo del 'Cartel de la toga'

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 15 años al exrepresentante a la Cámara, Nilton Córdoba, por su participación en el escándalo de corrupción judicial del 'cartel de la toga'. 

El organismo señala que el congresista entregó 200 millones de pesos al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, a través de su defensor Luis Gustavo Moreno Rivera, para ser favorecido en dos procesos penales. 

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La sala estableció que el excongresista entregó esa suma de dinero al funcionario judicial, quien se desempeñaba en el despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, con el propósito de evitar una eventual orden de captura en su contra.  

"La conducta del entonces congresista fue reseñada por Moreno Rivera en el proceso penal donde se investigó la actuación irregular de diferentes funcionarios judiciales, en lo que se ha denominado como el ‘cartel de la toga’", menciona la Procuraduría.

Las investigaciones contra Córdoba Manyoma en el alto tribunal se relacionaban con irregularidades en la construcción de la Alcaldía del municipio de Medio Baudó (Chocó), y por un presunto lavado de activos en actividades de explotación de oro y platino. 

Al entregar esa suma de dinero, el exparlamentario violó los deberes de su función al no actuar conforme al marco normativo y acorde con la importancia de su investidura, vulnerando el principio de moralidad que regula la función administrativa.

"Con su conducta demostró un desprecio total por la ética y la honradez que deben guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de un servidor elegido por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”, agregó la Procuraduría.

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Además, el organismo resaltó la gravedad de la conducta al mencionar que Córdoba tenía conocimiento que ofrecer dinero a funcionarios de la justicia para ser beneficiado en procesos judiciales es una falta que va en contra de sus deberes como servidor público.