Las ternas del presidente para la Comisión de Disciplina Judicial también tienen cuestionamientos

Hace dos semanas en medio de la atención al huracán Iota en San Andrés, Santa Catalina y Providencia, el presidente Iván Duque dio a conocer los nombres de sus ternas para ocupar los tres de los siete cargos de la nueva Comisión de Disciplina Judicial. Esta Comisión tiene el sentido de reemplazar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, debido a  un acto legislativo del 2015. 

El nombramiento de estos nuevos 7 cargos, en lo que en la idea es una entidad que se origine de cero, va a ser muy relevante porque los nuevos togados tendrán dentro de sus funciones la investigación y el juicio disciplinario y ético de sus colegas de las altas cortes, jueces de la república, fiscales, abogados y funcionarios de toda la rama judicial. De hecho, hace poco hubo una decisión controversial de uno de los magistrados de la sala disciplinaria con respecto a una tutela de Luis Alfredo Ramos en contra de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

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La decisión de la sala jurisdiccional ordenó nada más y nada menos que la creación de una nueva ponencia diferente a la del magistrado de la Corte, Ariel Torres, por considerar que Ramos tenía razón en alegar que la ponencia original sobre un caso de concierto para delinquir por la promoción de grupos armados ilegales, había sido filtrada a medios antes que notificada a las partes y al exgobernador, teniendo carácter de reserva. 

A los pocos días de esa decisión la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía General que investigara a dos de los magistrados actuales de la sala, Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria, por considerar que ya no eran aforados ni magistrados, luego de que su periodo constitucional de ocho años terminó en 2016. Garzón fue la ponente de la decisión en contra del magistrado Torres en el caso de Ramos ante la Corte. 

Ese choque de trenes entre la Corte y la Sala del Consejo Superior llevó a la Fiscalía a abrir una investigación para determinar, primero, si es el ente acusador el indicado para investigar a magistrados que, aunque debieron terminar sus periodos en 2016, siguen en funciones por la ausencia de la Comisión que creó el acto legislativo 012 de 2015. Para la Corte Suprema ya no son aforados, pero para los magistrados de la sala sí lo son y por eso únicamente deben ser investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara.

En términos prácticos, cada magistrado va a ganar un salario que está por encima de los 32’700.000, de acuerdo a la norma que establece una misma remuneración para magistrados de alta corte y congresistas, pero con el aumento anual que se deriva para todos los funcionarios del Estado. Con un salario de 33 millones al mes, al año y con siete togados se trata de un presupuesto de 2,772 millones de pesos. En ocho años, que es el periodo de cada magistrado, será de 22.176 millones del erario para mantener a la sala. Esa cifra se incrementa casi al doble sumando los salarios de los magistrados auxiliares de cada despacho. 

Los nombres del presidente 

Para los 7 nuevos cargos el presidente de La República elige tres sillas con la designación de tres ternas que deben ser decididas por el Congreso en pleno. El propio Consejo Superior envía cuatro ternas más que también eligen los congresistas. Hicimos una revisión de todos los nombres ternados por el presidente y encontramos algunos hechos relevantes. 

Magda Victoria Acosta es actualmente magistrada de la Sala disciplinaria del Consejo que se busca reemplazar. Fue elegida en 2016 en provisionalidad, tras la renuncia del magistrado Néstor Iván Osuna Patiño, lo que quiere decir que, de ser elegida, tendría un total de 12 años como magistrada, en contra de los 8 años improrrogables que establece la Constitución para todos los magistrados del país. Acosta es abogada de la Universidad Externado, magíster en gobierno y políticas públicas de Columbia y candidata a doctora en derecho.

Otro de los candidatos de la terna del presidente es Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, que también cuenta con los méritos, porque es especialista en derecho administrativo, derecho disciplinario, magíster en derecho administrativo y candidato a doctor en derecho, pero es cercano al senador Eduardo Pulgar involucrado en un escándalo de corrupción por, aparentemente, tratar de sobornar a un juez de la República. 

Rodríguez le contestó a La FM que en efecto ha sido el defensor del senador Eduardo Pulgar en otros procesos, pero no en el del intento de soborno que es investigado actualmente por la Corte. “Frente a si tengo el apoyo o no del Senador Pulgar en mi aspiración debo manifestar que no lo he solicitado y seguramente él declarará la relación profesional que hemos tenido y no sé si eso se traduzca en un impedimento”, declaró.

La FM encontró un contrato de la firma Rodríguez Castaño Abogados, de la que Rodríguez Tamayo es socio gerente con la dirección Administrativa del Senado de La República en marzo de 2019. El contrato por prestación de servicios tenía el objeto del acompañamiento en la supervisión jurídica para la  “adecuación física de la zona de terrazas del edificio nuevo del Congreso”. Se pactó por un total de 92’666.667 pesos para 7 meses. El contrato no tiene ninguna irregularidad y, según Rodríguez, "en siete años la firma ha contratado asesorías jurídicas sin ningún problema legal". 

Juan Carlos Granados, también ternado por el presidente fue ex contralor de Bogotá y ex gobernador de Boyacá, militante de Cambio Radical y mencionado en el escándalo de Odebrecht por Federico Gaviria, quien dijo a la Fiscalía que este intentó ayudar a la compañía brasileña siendo gobernador de Boyacá a cambio de 200 millones de pesos. Esas acusaciones, sin embargo, no han tenido desarrollo y, de hecho, la Corte Suprema absolvió a Plinio Olano por afirmaciones similares, también de Gaviria.  A Granados se le cuestionó en su momento por un nombramiento a la hija del exmagistrado Gustavo Malo, involucrado en el cartel de la Toga, en la Contraloría Distrital. Actualmente no hay ninguna decisión judicial en firme en su contra. 

Neiro José Alvis fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en el 2014 y, según una decisión del comité de ética del Partido, fue sancionado por la adhesión de su candidatura a la de otro aspirante al Congreso en el departamento del Cesar por otro partido, lo que los liberales calificaron como doble militancia y por eso cancelaron su afiliación al movimiento político como sanción por su falta disciplinaria. 

Gloria María Arias Arboleda tuvo uno de los cargos más importantes de la Fiscalía General siendo la directora de la Unidad de Extinción de Dominio en donde fue designada en 2012. Recientemente se conoció una denuncia en su contra por un negocio que tuvo con el empresario Alejandro Velezmoro Hurtado para importar ganado de Texas. La investigación, según la denuncia, avanzó rápidamente en la Fiscalía por la supuesta influencia de la ex fiscal. Sin embargo, hasta ahora se trata solo de una acusación y Arias ha dicho que demostrará que fue estafada y es inocente.

Algunos de los otros candidatos de las ternas tienen detrás el claro color de un partido político. Jhon Jairo Morales actualmente es cercano a los congresistas del Centro Democrático; Orlando Guerra al Partido Conservador, del que fue representante a la Cámara en el periodo anterior, igual que Cristian Stapper que es cercano al Conservador pero lo es también al rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. 

Por lo que esta elección de la nueva comisión que investigará y juzgará a los jueces tiene los mismos elementos de política y partidismo que la anterior sala y el Consejo Superior de la Judicatura.