Fiscal General de Perú renuncia tras ser vinculado a caso de corrupción

El polémico Fiscal General de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, anunció que el martes presentará su renuncia, en medio del rechazo popular por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, así como por sus decisiones contra el equipo especial del caso Lava Jato.

"Estoy convocando a Junta de Fiscales Supremos para el 8 de enero en la que, por respeto a mi institución, al amor a Dios y a mi familia, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación", escribió en un comunicado difundido en su cuenta en Twitter este lunes.

Comunicado para la opinión pública: pic.twitter.com/s37i9ZQJdQ

— Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) 8 de enero de 2019

El fiscal aludió de esa manera, a un proyecto que presentó el pasado miércoles el presidente de Perú, Martín Vizcarra, al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público, tras la crisis generada por la decisión que tomó Chávarry el 31 de diciembre de destituir a los fiscales encargados del caso Odebrecht en el país.

Aunque la presión política y ciudadana llevó, dos días después, a Chávarry a reponer en sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, hasta la fecha se había negado a dejar el cargo, lo que también generó un enfrentamiento entre las bancadas del Congreso por su continuidad a la cabeza del Ministerio Público.

En su comunicado de este lunes, Chávarry se consideró un "demócrata con una trayectoria amplia e impecable en la impartición de justicia" y aseguró que no quiere ser "pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución" a la que representa.

Chávarry concluyó su comunicado lanzando vivas "a la autonomía del Ministerio Público", a la democracia y al Perú.

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Tras conocerse su anuncio, el fiscal supremo Tomás Gálvez anunció al Canal N de televisión que la Junta de Fiscales aceptará la renuncia y nombrará a un fiscal general provisional.

"Obviamente, si hemos estado solicitando que de un paso al costado, y él renuncia, se va a aceptar", remarcó Gálvez al recordar que la Junta le pidió la semana pasada a Chávarry que renuncie.

Detalló que el cargo deberá ser asumido por el fiscal supremo más antiguo, en este caso Pablo Sánchez, quien ya ocupó la fiscalía general antes que Chávarry y este fin de semana anunció que no aceptará para que le corresponda a la fiscal Zoraida Ávalos.

Gálvez aclaró que Chávarry se mantendrá como fiscal supremo, porque no se ha discutido su renuncia a ese cargo, y podrá participar en todas las votaciones de la junta, que está integrada por él, Sánchez, Ávalos, Gálvez y Víctor Rodríguez.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) envió también a la Junta de Fiscales un documento que oficializó la suspensión de Chávarry como colegiado durante cuatro meses, por haber mentido sobre sus vínculos con el exjuez César Hinostroza y una red de corrupción en la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos del puerto".

La decana del CAL, María Elena Portocarrero, declaró que los alcances de la medida, que algunos consideran que inhabilita a Chávarry para continuar en la Fiscalía, deberá ser determinada por la Junta de Fiscales.

Además, el congresista Javier Velásquez, del Partido Aprista Peruano (PAP), difundió un documento en el que parlamentarios le pidieron al fiscal general que renuncie para solucionar la crisis generada en el Ministerio Público.

El debate sobre la situación de Chávarry generó un conflicto en el Congreso durante el primer pleno del año, del que se retiró la bancada fujimorista, lo que impidió alcanzar el quórum para exigirle a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el fujimorista César Segura, que debata las denuncias presentadas desde hace seis meses contra Chávarry.

Entre estas se cuentan las de integrar la organización criminal "Los cuellos blancos del puerto", que negociaba prebendas y favores al interior de la Judicatura, así como de obstaculizar la investigación contra Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión mientras es investigada por presunto lavado de activos.