Caso Richard Aguilar: Defensa pedirá anular su proceso por contratación ilegal
El exmandatario decidió renunciar a su curul en el Congreso buscando que su caso pasara a la Fiscalía.
El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, pedirá nulidad del proceso contra su cliente, que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presunta contratación ilegal cuando fue mandatario de ese departamento.
La razón del abogado será igual a los argumentos del exsenador Álvaro Uribe, cuando renunció a su curul en el Congreso y por falta de fuero, la investigación en su contra por presunta manipulación de testigos salió de la Corte Suprema de Justicia y pasó a la Fiscalía General de la Nación.
Para el abogado, la situación es la misma, dado a que Aguilar renunció a su curul en el Congreso en julio pasado. “Es un caso procesalmente igual al de Álvaro Uribe, al pasar de Ley 600 a Ley 906 no se puede considerar ni siquiera imputado y ya lo están acusando. Si la sala responde que sí se anulará el proceso, si la respuesta es negativa, interpondremos los recursos que haya lugar”, dijo Cancino.
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El abogado dijo que “es un tema de garantías” procesales a favor de su cliente, ya que “es una aplicación de lógica procesal en el que las figuras no son iguales, no se puede considerar que una persona a quien se le definió su situación jurídica por una indagatoria sea lo mismo que una imputación”.
Aguilar se encuentra detenido como presunto responsable de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, que será leído este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia, se señala que mientras Aguilar estuvo como gobernador de Santander “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”.
Como contraprestación de esas adjudicaciones, supuestamente ellos se comprometían a devolver el 10% de cada obra. Según la Fiscalía, hubo irregularidades en al menos seis contratos, entre ellos el reforzamiento estructural del estadio de futbol y adecuación de piscina y del Coliseo Vicente Días Romero; mejoramiento del corredor agroforestal y energético, y la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE).