Conconcreto acudirá a instancias legales necesarias por fallo de Contraloría por Hidroituango
Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR determinó declarar como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre.
La Constructora Conconcreto informó que recurrirá a las instancias legales que sean necesarias tras el fallo en segunda instancia de la Contraloría General de la República por el caso Hidroituango.
La compañía informó que acudirá a las instancias necesarias para ratificar su “correcto actuar y restablecer sus derechos”.
Asimismo, aclaró que “es importante resaltar que los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría están sometidos a un proceso de control automático de legalidad a cargo del Consejo de Estado, y solo cuando este trámite termine, la decisión tendrá plenos efectos, momento en el cual, y dependiendo de cómo se resuelva el recurso mencionado, podremos determinar los impactos jurídicos, económicos y contables para la sociedad”.
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Cabe recordar que en la mañana de este viernes se conoció que la Contraloría dejó en firme fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango a título de culpa grave, contra 26 personas naturales y jurídicas.
Adicionalmente, la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR determinó declarar como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia haciendo efectiva la Póliza Todo Riesgo de Construcción. También se confirmó la declaratoria como tercero civilmente responsable a Seguros Generales Suramericana.
Para la Contraloría, "las acciones u omisiones de los vinculados a este proceso y finalmente declarados responsables fiscales fueron tan determinantes que, a través de una sucesión de hechos concatenados, conllevaron a que se materializaran los riesgos que terminaron generando un daño al patrimonio del Estado, consistente en la destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de $3.157.419.881.218,97".
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Lo anterior como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público.