Condenan a primera implicada en el caso de Richard Aguilar

A 19 meses de prisión fue condenada una de las contratistas de las obras de remodelación de la Villa Olímpica de Bucaramanga, por participar en un caso de corrupción que involucra al exgobernador de Santander, Richard Aguilar.

Luego de que Paula Marcela Moreno Martínez aceptara los cargos, la Fiscalía General de la Nación declaró su culpabilidad en falsedad ideológica en documento privado, por el proceso de contratación de la fallida remodelación del Estadio Alfonso López.

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Esta sería la primera condena que emiten en contra de una funcionaria de Santander, en el entramado de irregularidades que se encontró en la contratación de dichas obras.

“Entre 2015 y 2016 fungió como representante legal suplente de la Unión Temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. Emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para comprar materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo”, informó el director especializado contra la corrupción, Eduard Alirio Calderón.

Después de ejecutar el contrato la implicada, al parecer logró autorizar un monto que ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la empresa contratista para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.

Casi siete años después, un juez penal de Bucaramanga condenó a Moreno Martínez a 38 meses de prisión, “pero con ocasión a su aceptación de cargos la pena es de 19 meses y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena”, agregó el director especializado del ente investigador.  

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Hace dos años el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, resultó implicado en irregularidades en contratos de construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar, por lo que fue enviado a la cárcel en julio de 2021.

Pero en noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad por vencimiento de términos.