Fiscal solicita a Minhacienda medidas urgentes para frenar minería ilegal

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para solicitar medidas urgentes y necesarias por parte del Estado que permitan ponerle freno a la riqueza ilícita que genera la minería ilegal y la comercialización ilícita de oro.

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El llamado de Martínez se dio tras advertir que desde 2015 hasta la fecha, han sido judicializadas cuatro comercializadoras internacionales de oro y más de 50 proveedores nacionales de ese mineral.

Los investigadores pudieron establecer que se han efectuado operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 10.6 billones de pesos.

"Esta situación hace urgente y necesario asumir una posición conjunta del Estado, que permita prevenir la generación de riqueza ilícita a particulares que financian la evidente e insostenible destrucción del medio ambiente a nivel nacional y que lo más grave, contribuye al financiamiento de los grupos armados organizados", señala la carta del fiscal.

De acuerdo con el fiscal general, una de la principales salidas para enfrentar este fenómeno criminal consiste en que el Banco de la República asuma el monopolio de la compra de oro en el país.

Redes de explotación de oro 

En la misiva dirigida al Gobierno el fiscal general resaltó el operativo adelantado en contra de la Comercializadora Internacional Metales Hermanos y un grupo de proveedores ficticios de oro, los cuales se valieron de una empresa fachada, transacciones inexistentes y la utilización de la identidad de miembros de una comunidad indígenas en el Guainía, que lavó activos por más de 1.9 billones de pesos entre 2.009 y 2.014.

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Martínez también destacó la investigación realizada durante diez años contra la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez y varios de sus proveedores, que se efectuaron operaciones de compra de oro ficticias, con proveedores que no contaban con el perfil económico o incluso eran personas fallecidas.

En esta segunda operación de las autoridades, la Fiscalía General determinó que se lograron lavar activos por una suma superior a los 2.1 billones de pesos.