Odebrecht: Luis Fernando Andrade, imputado por posibles delitos en la 'Ruta del Sol II’

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, fue imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por las presuntas que se habrían presentado en la suscripción de al menos ocho ‘otrosí’ en el contrato para la construcción de la ‘Ruta del Sol II’. 

Durante la diligencia, la Fiscalía mencionó que como director de la agencia, el exfuncionario aprobó y firmó las modificaciones 1, 2, 4, 5, 8, 7, 9 y 10, que habrían sido adaptados a las necesidades del concesionario del cual hacía parte la empresa brasileña Odebrecht. 

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El fiscal del caso explicó que entre las presuntas inconsistencias estarían dos 'elefantes blancos', que incluso  siguen sin estar actualmente siguen en funcionamiento y tuvieron un millonario costo. 

“El puente ubicado sobre el río Lebrija en el hito del tramo 4, el cual para este momento se encuentra sin funcionalidad, un 'elefante blanco' que le costó al Estado 6.268.851.863 pesos. Y el puente ubicado sobre el río Sogamoso en el hito número 2728 del tramo 4 en el departamento de Santander, que tampoco se encuentra en servicio y tuvo un costo de 36.831.348.476 pesos”, aseguró el fiscal delegado.

El organismo mencionó que esos ‘otrosí’ modificaron y ajustaron las condiciones financieras y técnicas del proyecto vial, sin que existieran estudios serios y completos que fundamentaran la decisión de Andrade de dar luz verde a esos cambios del acuerdo contractual. 

La Fiscalía también resaltó que Luis Fernando Andrade habría aprobado modificaciones en las formas de pago y los cronogramas de desembolso, que debían ser entregados al consorcio encargado de la construcción. 

“Modificar las formas de pago y los cronogramas de desembolso de dinero para el contratista. Desfalcar un tramo por un valor de 19.976 millones de pesos, cuando debió hacerse por una suma superior a 65.395 millones de pesos”, aseguró ese organismo.  

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La Fiscalía señaló que al parecer fueron vulnerados principios esenciales de la contratación pública como responsabilidad, transparencia, economía, imparcialidad, legalidad y planeación.