Víctimas del Palacio de Justicia recusan a magistrado por demorarse 10 años con un fallo

Los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, desaparecido en el holocausto del Palacio de Justicia ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, recusaron al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermes Darío Lara Acuña, por demorarse diez años para resolver una apelación instaurada contra el fallo que absolvió a varios militares investigados por este caso.

El abogado Jorge Eliécer Molano, señaló que a todas luces en este caso se violó el plazo razonable para resolver la apelación que fue presentada contra la sentencia de primera instancia del Juzgado 53 Penal del Circuito, que absolvió a los oficiales Iván Ramírez Quintero,  Fernando Blanco Gómez y Gustavo Arévalo Moreno, de sus responsabilidades en materia de desaparición forzada.

"Ya se cumplieron 3.650 días, violando todos los términos y el derecho a la verdad, a la justicia, ahondando la inseguridad y los estándares nacionales e internacionales, resultando ser colaborador en la siembra de patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos", indicó el jurista.  

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Así mismo, sostuvo que "la actuación del magistrado Lara Acuña es revictimizante a todas luces, la ausencia de respuesta en 10 años hace que se mantenga el pacto de silencio y de impunidad absoluta coadyuvado totalmente por los encargados de impartir justicia en representación del Estado".

También aseguró que las autoridades judiciales no han dado cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la investigación y oportuno juzgamiento de los responsables de las desapariciones y demás delitos cometidos por el Estado en el Palacio de Justicia.

"La extrema dilación en resolver el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria del oficial retirado Iván Ramírez, contribuye a la impunidad y a la revictimización de nuestros desaparecidos", manifestó Molano.

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Los familiares de las víctimas acompañaron la presentación de la recusación con un plantón frente al Tribunal Superior de Bogotá en el que expresaron su preocupación por la impunidad y la lenta marcha de la justicia en uno de los casos mas graves de violación de derechos humanos por el Estado colombiano.